Es completamente absurdo que la mayoría de las discrepancias entre los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y los reales, incluyendo el dato del valor catastral, sólo se puedan resolver mediante expedientes iniciados de oficio por la Administración catastral; sin que el interesado pueda solicitar la rectificación de lo incorrectamente registrado en el Catastro, aunque disponga de todos los elementos de prueba.

Sobre un asunto de esa naturaleza ha recaído la STSJ de Baleares de 1 de febrero de 2010, en la que se establece lo siguiente: “Esta conclusión no obsta que, al margen del procedimiento de subsanación de discrepancias, cuyo inicio depende en exclusiva de la decisión interna de la Administración, los interesados disconformes con la tasación dispongan de otras vías de manifestar su oposición al respecto: Así, o bien pueden impugnar las revisiones de los valores catastrales, una vez producida la publicación colectiva de las mismas; o bien pueden dirigir los recursos pertinentes con cada liquidación anual del IBI, ya que el valor asignado es determinante de la base imponible.”

De consolidarse este criterio, se abre ante los sujetos pasivos del IBI todo un nuevo universo de posibilidades, pues según la doctrina hasta ahora vigente el valor catastral sólo se puede impugnar al ser notificado individualmente tras su fijación.

José Ignacio Rubio de Urquía