Por motivos que pudieron tener fundamento en su día, cuando por medio de la Ley 39/1988 se creó y reguló el IBI, el Estado decidió mantener, en relación con el aludido impuesto, la vinculación al Catastro que habían tenido hasta entonces las antiguas Contribuciones Territoriales. Y tal decisión obligó al legislador de la época, es un decir, a establecer la artificiosa distinción entre gestión catastral y gestión tributaria del impuesto en cuestión.

La operación de referencia ha venido a significar, finalmente, que es el Estado, a través de su Administración catastral, quien determina la realización del hecho imponible del IBI, la condición de sujeto pasivo del impuesto y el importe de las bases imponible y liquidable del mismo. Así, y desde una perspectiva estrictamente realista, a los Ayuntamientos sólo les resta, como facultad, la aplicación del tipo de gravamen que tengan aprobado en cada momento dentro de los límites fijados por la ley.

No han sido pocas las ocasiones en las que los Ayuntamientos se han considerado perjudicados en sus intereses como consecuencia de actuaciones de gestión catastral; y en muchas de ellas han intentado hacer valer su condición de interesados legítimos, a fin de poder participar en procedimientos de revisión de dichas actuaciones. También son frecuentes los casos en los que los Ayuntamientos pretenden comparecer como “coadyuvantes” de la Administración catastral en procedimientos de revisión instados por los contribuyentes.

En ambos casos ha sido reiterada la doctrina del TEAC en el sentido de negar legitimación a los Ayuntamientos, so pretexto del ya apuntado régimen de gestión compartida del IBI y de la falta, en aquellos, de interés legítimo y directo en los asuntos de gestión catastral. Este criterio ha sido confirmado por la AN, también de forma reiterada; y muy recientemente por la SAN de 4 de julio de 2009. Es posible, sin embargo, que un planteamiento de la cuestión en torno a los principios de autonomía local y suficiencia financiera de las Haciendas Locales pueda arrojar un resultado distinto en otras instancias jurisdiccionales.

J.I.R.U.