Con el fin de compensar la pérdida recaudatoria que iban a soportar los Ayuntamientos a consecuencia de la mutilación del IAE llevada a efecto por la Ley 51/2002, este mismo texto legal, junto con la Ley 48/2002, creó, en el ámbito del IBI, una nueva clase de bienes inmuebles, los denominados “bienes inmuebles de características especiales” (BICES), a los que dotó de un particular régimen de tributación por ese impuesto, mucho más gravoso que el régimen al que venían tributando los inmuebles de referencia en tanto que bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Esa decisión del legislador de 2002, absolutamente injusta e inconstitucional por muchos motivos, y que sólo afectó a un pequeño puñado de sectores de la actividad económica elegidos arbitrariamente (art. 8 LCI), ha venido siendo combatida desde el año 2003 por las empresas pertenecientes a esos sectores, año ése en el que los Ayuntamientos comenzaron a fijar a los BICES los escandalosos tipos de gravamen del IBI que la ley les autorizaba a establecer.

Es triste tener que señalar que ningún órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de ninguna clase o nivel, ha querido entrar a fondo en el análisis del régimen tributario de referencia, negándose infundadamente a plantear cuestión de inconstitucionalidad alguna respecto de aspecto alguno del aludido régimen tributario. En este orden de ideas, es de destacar la actuación de la AN, ya relatada en la NOTA 43 (Refª 43: 30-3-10), que se está quitando de encima sin contemplaciones los recursos contra la valoración catastral de los BICES iniciada a raíz de la promulgación del RD 1464/2007, aprobatorio de las normas técnicas reguladoras de dicha valoración catastral.

La faena la acaba de rematar el TS, por medio de la STS de 30 de junio de 2010, muy recientemente conocida, recaída en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una patronal contra determinados preceptos del citado RD 1464/2007; resolución esa de cuyo rigor cabe dudar con permiso del propio órgano judicial, al confundir éste el recurso contencioso-administrativo en cuestión con un recurso de casación.

Sea como fuere, se trata de una sentencia verdaderamente incomprensible, estando esta afirmación avalada por la circunstancia de que el fondo del razonamiento del TS radica en la aseveración de que identificar el valor catastral con la base imponible del IBI es un “planteamiento erróneo y rechazable”. Frente a semejante pronunciamiento basta con recurrir al artículo 65 LHL, en cuya virtud: “La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles”. Sobran comentarios.

José Ignacio Rubio de Urquía