A raíz de la STS de 30 de mayo de 2007, que determinó la no exclusión de los parques eólicos del concepto de bienes inmuebles destinados a la producción de energía eléctrica a efectos de su consideración como BICES, pero que tampoco determinó la inclusión, sin más, de esas instalaciones en la indicada clase de bienes inmuebles, y sin la previa incorporación de norma alguna de valoración catastral de los referidos parques eólicos al RD 1464/2007, la Dirección General del Catastro, por su cuenta y riesgo, aprobó una ponencia de valores especial única para todos los parques eólicos, y a partir de la misma procedió a la asignación de valor catastral, en tanto que BICES, a todas las instalaciones en cuestión.

Como no podía esperarse menos, las empresas iniciaron el pertinente calvario impugnatorio, tanto en relación con la ponencia de valores aludida como en relación con la valoración catastral individualizada de cada parque eólico; lo que significa que procedieron a la impugnación directa del referido valor catastral, así como a la impugnación indirecta de la ponencia de valores, de una ponencia de valores que no es, ya se ha dicho, específica para cada parque, como sí lo son las ponencias referidas a los restantes BICES, sino que es general para todos ellos.

Pues bien, primero fue el TEAC quien se quitó del medio todas esas impugnaciones; después ha sido la AN quien no ha querido saber nada del asunto; y parece que es ahora el TS quien pretende seguir el mismo camino, so pretexto de que los litigios no son de cuantía indeterminada, aunque sí lo son, sino que son de cuantía determinable en función del importe de la cuota del IBI que resulta de aplicar el tipo de gravamen correspondiente al nuevo valor catastral del parque eólico. Es de esperar que los rumores no se hagan realidad: ello sería de suma gravedad.

José Ignacio Rubio de Urquía