Como es bien sabido, una de las varias empresas de telefonía fija que operan en España está sujeta, todavía, a un régimen especial de tributación por tributos y precios públicos locales (Ley 15/1987, de 30 de julio), en virtud del cual las obligaciones de pago que le pudieran corresponder por dichos tributos y precios públicos quedan sustituidas por una compensación anual que satisface a los Municipios (el 1,9% de su facturación bruta) y a las Provincias (el 0,1% de su facturación bruta). Y como es igualmente bien sabido, si bien la Ley 39/1988 configuró como precio público la contraprestación a satisfacer por el uso del dominio público en todas sus modalidades, dicha contraprestación, a raíz de la STC 185/1995, y por efecto de la reforma operada por la Ley 25/1998, quedó reconfigurada como una tasa, también en todas sus modalidades. Cabe añadir a ello, para evitar cualquier confusión, que desde la citada Ley 25/1998, también tiene la consideración de tasa la contraprestación que se exige por la prestación del servicio de vigilancia del aparcamiento controlado.

En el contexto descrito, un JCA, al conocer de la impugnación de varias sanciones de tráfico impuestas por un Ayuntamiento a la operadora en cuestión, por no exhibir el “tiket” acreditativo del “precio público” exigible por el uso del espacio de aparcamiento controlado en la vía pública, además de insistir en que se trata de un precio público, desconociendo por completo la legislación vigente al respecto, y tras reiterar sus serias dudas acerca de la constitucionalidad de la antes citada Ley 15/1987, llega a la conclusión, fácilmente inferible del texto de la sentencia (sentencia de 8 de noviembre de 2010), de que es la empresa la que tiene la obligación de sacar el “tiket”, para, a continuación, solicitar del Ayuntamiento la devolución del ingreso indebido. Es el caso, empero, que esa obligación no se la impone a la empresa norma legal o reglamentaria alguna, debiendo ser el Ayuntamiento quien adopte las medidas necesarias para aplicar el régimen especial de tributación que la ley, en cambio, sí atribuye a la empresa.

En consecuencia con lo dicho, tampoco es de recibo que el JCA dé por buena la sanción de tráfico impuesta a la empresa por no acreditar el pago de un tributo de cuya acreditación no tiene obligación alguna. Una muestra más, en fin, de que los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa están perdiendo el rumbo en lo que a la tributación local se refiere, probablemente por que se han erigido en protectores de la recaudación tributaria local, sin miramientos para los derechos de los contribuyentes, sobre todo si éstos les “suenan a pudientes”. Y ello es especialmente sangrante en el presente caso, en el que un supuesto de hecho acaecido en 2008 es enjuiciado con aplicación de legislación derogada desde 1998. Por cierto, ¿si el “juzgador” tenía tantas dudas de constitucionalidad respecto de la Ley 15/1987, por qué no planteó ante el TC la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad?: muy valientes con los contribuyentes, muy temerosos del TC.

José Ignacio Rubio de Urquía