Es cierto que las relaciones de los ciudadanos entre sí, las de los políticos entre sí y las de aquéllos con la Administración se están judicializando cada vez más; y que esa dinámica perversa, claramente sintomática de una sociedad enferma, tiene, entre muchas otras consecuencias, la de colapsar los órganos judiciales, afectando ello a la calidad de las resoluciones que de los mismos emanan.

Aunque no es pequeña la parte de responsabilidad que el propio poder judicial tiene en la situación descrita, es comprensible, desde un punto de vista estrictamente operativo, que los referidos órganos judiciales recurran a todo tipo de “maniobras” para liberarse de la carga que sobre ellos pesa. Esta conducta se advierte con especial claridad en el orden de los contenciosos tributarios, particularmente en los que enfrentan a los contribuyentes con las Administraciones tributarias territoriales (Comunidades Autónomas y Entidades locales); lo que no es de extrañar, ya que en ese orden tributario territorial, especialmente en el local, las medidas legislativas, por un lado, y las actuaciones administrativas, por otro, llevan en su seno, cada vez con más frecuencia, la semilla de la litigiosidad.

De esto último es buen ejemplo lo acaecido con los BICES, desde su desafortunada creación y regulación en 2002, pasando por el establecimiento de las reglas para su valoración catastral y la realización de ésta y por la fijación de los tipos de gravamen del IBI, y culminando con el conocimiento y resolución de las impugnaciones deducidas frente a los distintos actos dictados en aplicación de todo ello.

Las miles de impugnaciones que ha suscitado el asunto de los BICES han generado una dinámica, de todo punto injustificable, conforme a la cual los TEAR y el TEAC, especialmente este último, han llevado a cabo una campaña de desestimación sistemática de las reclamaciones formuladas; los TSJ y la AN, especialmente esta última, han seguido la misma senda, desestimando sistemáticamente todos los recursos deducidos frente a las resoluciones de TEARS y TEAC; y el TS, al verse inundado por una enorme avalancha de recursos de casación, ha optado, como si estuviere en sus manos hacerlo, por restringir al máximo los criterios de admisibilidad de tales recursos, colocando la casación, de forma generalizada, fuera del alcance de los BICES.

Es cierto que lo que está sucediendo con los recursos de casación que tienen por objeto controversias en torno a BICES debe situarse, además, en la vieja aspiración del TS de convertir a la casación en un recurso de admisión discrecional; pero ello no justifica en modo alguno que esta meta se haya alcanzado sin la previa e inexcusable modificación legislativa. Y es cierto que la meta referida se ha alcanzado, pues por medio de multitud de autos del Alto Tribunal se está exigiendo, en la práctica, que el escrito de preparación del recurso se formule, de hecho, como un resumen adelantado del escrito de interposición de aquél.

Y buena prueba de ello es un reciente auto del TS, fechado el 10 de febrero de 2011, del que se desprende, en efecto, una desnaturalización total y completa del escrito de preparación del recurso de casación. A todo esto, ¿qué se piensa hacer con el principio de tutela judicial efectiva? Probablemente pueda servir para impartir clases, charlas y conferencias.

José Ignacio Rubio de Urquía