Por Ley 15/2008, de 19 de diciembre, la Comunidad Autónoma de Galicia creó y reguló el Impuesto sobre el Daño Medioambiental Causado por Determinados Usos y Aprovechamientos del Agua Embalsada; tributo éste que carece de la finalidad medioambiental que su norma reguladora le atribuye, pues se trata, en verdad, de un impuesto que sólo somete a gravamen la producción hidráulica de energía eléctrica.

Para posibilitar la aplicación del tributo en cuestión, la Consejería de Hacienda de la Junta de Galicia aprobó la Orden de 27 de febrero de 2009, la cual fue inmediatamente impugnada por la patronal del sector eléctrico, a cuyo efecto ésta adujo, en esencia, los dos motivos siguientes:

-Infracción del procedimiento legalmente establecido para la aprobación de reglamentos ejecutivos.
-Inconstitucionalidad del impuesto por infracción del artículo 6.3 LOFCA y por inadecuación del mismo a las exigencias derivadas de la doctrina del TC en materia de tributos de carácter extrafiscal y finalidad medioambiental.

Pues bien, según quedó reseñado en la NOTA DE ACTUALIDAD 74 (Refª 74: 30-11-10), por medio de sentencia de 25 de noviembre de 2010, el TSJ de Galicia anuló la Orden citada, con fundamento en el primero de los motivos de impugnación indicados. Y según reseñamos ahora, esa sentencia fue recurrida en casación por la Junta de Galicia, encontrándose este recurso pendiente de resolución ante el TS.

Es el caso, empero, que la Junta de Galicia no ha esperado a la resolución del recurso de casación referido, manteniendo vigente entretanto la norma en controversia, sino que ha procedido a la derogación de ésta y a su sustitución por otra; manteniendo vivo, eso sí, el mencionado recurso de casación. En efecto, en el Diario Oficial de Galicia número 63, de 30 de marzo de 2011, se ha publicado la Orden de 25 de marzo de 2011 por la que se aprueban las normas de aplicación del Impuesto sobre el Daño Medioambiental Causado por Determinados usos y Aprovechamientos del Agua Embalsada.

Con la derogación de la Orden de 2009, el mantenimiento del recurso de casación y la aprobación de la nueva disposición, en sustitución de aquélla, el panorama queda como sigue: cabe la posibilidad de que el TS inadmita el recurso de casación por pérdida de su objeto; cabe que el TS entre a conocer del recurso de casación y resuelva en el sentido que sea; previsiblemente, la nueva disposición será impugnada ante el TSJ de Galicia; en cualquier caso, desde su entrada en vigor la nueva disposición rige la aplicación del impuesto; lo que haya de suceder con los actos de liquidación dictados al amparo de la norma derogada dependerá de lo que suceda con el recurso de casación.

Sea como fuere, lo verdaderamente importante es que, antes o después, el TSJ de Galicia tendrá que entrar en el fondo del asunto, esto es, en la consideración de las tachas de inconstitucionalidad que se imputan a su régimen legal, planteando o no, según resulte de tal consideración, la pertinente cuestión de inconstitucionalidad.

José Ignacio Rubio de Urquía