Hubo un tiempo en el que alguien consideró que las llamadas “energías verdes o renovables”, entre las que se encuentra la energía eólica, tenían que ser fomentadas y primadas, pues sería ese tipo de energía el que habría de satisfacer en el futuro la mayor parte de la demanda energética española. Y semejante consideración llevó a muchas personas y entidades a invertir cantidades ingentes en ese subsector eléctrico, especialmente, y por lo que aquí interesa, en el de la producción de energía eólica.
Con lo que no contaban quienes así actuaron, muchos de ellos de buena fe, parece mentira, fue con la sempiterna incapacidad de la autoridad política española de atenerse a la palabra dada; falta de previsión esa que ha colocado a quienes en ella incurrieron en una situación difícil, en algunos casos muy difícil. Sí, tras el fomento y las primas al “invento” llegó la dura realidad de una España muy dura; y llegó al ser contemplada la energía eólica como una pieza de caza mayor a ser abatida fiscalmente.
La primera batida se dio en el ámbito del ICIO, donde los Ayuntamientos, con la inestimable ayuda del TS, han conseguido que todo el aerogenerador, incluyendo la maquinaria en él instalada, tenga la consideración, a efectos de determinar la base imponible del impuesto, de construcción, instalación u obra, desnaturalizando así el hecho imponible del tributo. Este sumidero ya se ha tragado una parte no pequeña de las primas.
La segunda batida se ha dado en el ámbito del IBI, donde los Ayuntamientos, con la inestimable ayuda de los TEAR y del TEAC, de los TSJ, de la AN y del TS, han conseguido dos logros muy importantes: en primer lugar, que a los parques eólicos se les atribuya la condición de BICES; y en segundo lugar, que las normas de valoración catastral de esos concretos inmuebles, los parques eólicos, sean establecidas por un simple acto administrativo, sin sometimiento alguno a ninguna disposición de carácter general, ni legal ni reglamentaria. Este sumidero se está tragando otra buena parte de las primas.
Y la tercera batida se está dando en el ámbito de la llamada “fiscalidad medioambiental” autonómica, Galicia y Castilla-La Mancha de momento, donde las CCAA, con sus esperanzas puestas en el TC, están imponiendo formidables cargas fiscales a una energía “verde” que, según a qué efectos, no es tan “verde”. Este sumidero se va a tragar, sin duda, lo que reste de primas, si es que algo resta.
Entretanto, una España más empobrecida, menos fiable y más selvática.
José Ignacio Rubio de Urquía