Se refiere la Orden a los plazos de presentación de las autoliquidaciones del cuarto trimestre del IGIC y del AIEM. Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Orden respecto de la materia que la norma regula:

“El artículo 1 del Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica, amplía el plazo de presentación hasta el día 31 de enero de 2022, para todos los sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en la isla de La Palma, de la autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias, correspondiente al tercer trimestre del

Las autoliquidaciones correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 de los tributos citados en el párrafo anterior, deben presentarse en el mes de enero de 2022, conforme, respectivamente, a los artículos 57.6 y 75.1 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, o 2021. Ello implica que durante el mes de enero de 2022 finaliza el plazo de presentación de las mencionadas autoliquidaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2021.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación de presentar las autoliquidaciones periódicas, se hace necesario ampliar el plazo de presentación de la correspondiente al último periodo de liquidación trimestral del año 2021, debiéndose tener en cuenta el supuesto de utilizar la domiciliación bancaria como medio de pago en efectivo de la deuda tributaria resultante de la autoliquidación; extendiéndose este plazo, obviamente, a la declaración-resumen anual que conjuntamente se ha de presentar con la autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación de cada año, según lo previsto en los artículos 57.8 y 75.2 del Reglamento de gestión.

La Disposición final primera del citado Decreto 268/2011, de 4 de agosto, autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a modificar o ampliar los plazos de presentación de autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes tributarias fijados por normas reglamentarias aprobadas por Decreto.

Cabe señalar que en esta Orden se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consiguen los fines perseguidos, cuales son el facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que, en ningún caso, se trate de una norma restrictiva de derechos.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea; sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.”