Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Orden Foral respecto de la materia que la norma regula:

“La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante Ley 11/2009), establece el marco jurídico necesario y un régimen fiscal especial para las denominadas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (en adelante Socimi), sociedades que configuran un instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario y, más en concreto, al mercado del alquiler.

Las Socimi son sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo tanto viviendas, como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas, entre otros. Con el objeto de admitir la inversión indirecta, se permite que las Socimi participen en otras Socimi o bien en entidades que cumplan los mismos requisitos de inversión y de distribución de beneficios exigidos para aquellas, residentes o no en territorio español, coticen o no en mercados regulados.

El apartado 2 del artículo 9 de la citada ley establece que la Socimi estará sometida a un gravamen especial del 19 por ciento sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5 por ciento, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento.

Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del impuesto sobre sociedades y no resultará de aplicación cuando el socio que percibe el dividendo sea una entidad a la que resulte de aplicación la Ley 11/2009.

De acuerdo con lo establecido en su artículo 9.3, este gravamen no resultará de aplicación cuando los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por entidades no residentes a las que se refiere el artículo 2.1.b) de la misma ley, respecto de aquellos socios que posean una participación igual o superior al 5 por ciento en el capital social de aquellas y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, al menos, al tipo de gravamen del 10 por ciento.

De esta manera, cuando el artículo 9.3 de la Ley 11/2009 se refiere a las entidades no residentes del artículo 2.1.b) de la citada ley, está aludiendo a entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que las Socimi y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las Socimi en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.

Asimismo, el apartado 4 del citado artículo 9 de la Ley 11/2009, establece que la Socimi estará sometida a un gravamen especial sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de distribución, en la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general de gravamen del impuesto sobre sociedades ni se trate de rentas acogidas al período de reinversión regulado en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la susodicha ley. Dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su artículo 15 que los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones hubiere excedido de 10 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.

Por su parte, el artículo 18 del mencionado Concierto Económico dispone que los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten ante cada una de las Administraciones.

En consecuencia, la presente orden foral tiene por objeto aprobar los modelos 217 y 237 de autoliquidación de los gravámenes especiales sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos y sobre beneficios no distribuidos, respectivamente, por las Socimi sometidas a normativa de territorio común, modelos específicos a utilizar en el ámbito foral guipuzcoano para cumplir con las obligaciones anteriormente señaladas.”