Este Real Decreto viene a modificar el Reglamento de Procedimientos Amistosos, el Reglamento de los Impuestos Especiales y el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, así como el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento de los Impuestos Especiales.

A). Modificación del Reglamento de Procedimientos Amistosos. Es esto lo que se dice en el preámbulo del Real Decreto respecto de la materia de referencia:

“I

Este real decreto modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias, con una finalidad triple. Por una parte, para proceder a la incorporación total del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de los mecanismos de resolución de litigios fiscales. Por otra, para introducir determinadas medidas derivadas del Informe final de la Acción 14, relativa a los mecanismos de resolución de controversias, del Proyecto conjunto G20/OCDE «BEPS» (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios, en sus siglas en inglés). Finalmente, para resolver determinados problemas detectados en el desarrollo de este tipo de procedimientos, garantizando así una mayor seguridad jurídica.

Respecto de la primera finalidad, la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, busca introducir un marco efectivo y eficiente para la resolución de procedimientos amistosos que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial propicio a las inversiones. La Directiva establece normas relativas a un mecanismo de resolución de litigios en el ámbito tributario entre los Estados miembros cuando dichos litigios surgen de la aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio en vigor entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Con el objetivo de garantizar el acceso al procedimiento amistoso, delimitar la duración de los procedimientos amistosos y garantizar la resolución de la cuestión objeto del procedimiento, la Directiva establece la posibilidad de constituir una comisión consultiva que decida sobre la admisión del procedimiento amistoso y/o sobre la cuestión objeto del mismo.

Con relación al Informe final de la Acción 14 del Proyecto «BEPS», este recoge medidas dirigidas a minimizar los riesgos de incertidumbre y doble imposición no deseada velando por la aplicación coherente y adecuada de los convenios fiscales, así como también por la oportuna y efectiva resolución de controversias por lo que respecta a su interpretación o aplicación a través del procedimiento amistoso. Entre las citadas medidas destacan aquellas que forman parte del estándar mínimo y que se complementan con una serie de buenas prácticas. Respecto de las primeras, España y el resto de los países y territorios partícipes en el proyecto se han comprometido a su rápida y efectiva implementación, garantizada por un mecanismo de supervisión entre pares en el seno del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

Habiendo superado ya las dos fases de evaluación del citado mecanismo, España ha mostrado su alineamiento con el estándar mínimo en este ámbito.

Por otra parte, España formó parte del grupo de países que, en el contexto del Proyecto «BEPS», mostraron su compromiso de establecer en sus convenios fiscales bilaterales el arbitraje preceptivo y vinculante como procedimiento de resolución de controversias en tanto que mecanismo que garantiza la resolución de controversias en la aplicación de convenios en un plazo determinado, así como del subgrupo constituido para su desarrollo en el marco del Convenio Multilateral para aplicar las medidas del Proyecto «BEPS» relacionadas con los Convenios para evitar la doble imposición.

Por último, la creciente globalización de la economía, así como la interacción de los sistemas fiscales nacionales, ha generado un incremento de las situaciones de doble imposición y un aumento en la utilización de los mecanismos de resolución de controversias. Este hecho, unido a la mayor experiencia de las autoridades competentes españolas en materia de procedimientos amistosos, justifica una revisión del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa para adaptarlo a la realidad actual.

(……)

II

Por lo que se refiere al contenido de este real decreto, que consta de un artículo único, una disposición transitoria y seis disposiciones finales, cabe destacar los siguientes aspectos:

El real decreto no altera sustancialmente la estructura del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, que sigue conservando un título I, donde se regulan unas disposiciones comunes a los procedimientos amistosos desarrollados en el citado Reglamento; un título II, que regula el procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble imposición firmados por España; un título III, que desarrolla el procedimiento previsto en el Convenio Europeo de Arbitraje, Convenio 90/436/CEE de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, y un último título V, hasta la fecha el título IV, que establece el régimen para suspender el ingreso de la deuda cuando se haya solicitado un procedimiento amistoso.

Como principal novedad, este real decreto introduce en el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa un nuevo título IV en el que se regulan los mecanismos de resolución de litigios a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 citada.

Con relación a las modificaciones introducidas en el título I del Reglamento, destaca en primer lugar la ampliación de su ámbito de aplicación, incluyendo a los mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852.

Tanto los mecanismos de resolución de litigios a los que se refiere la aludida Directiva (UE) 2017/1852 como los procedimientos regulados en los títulos II y III del reglamento pueden referirse a los beneficios empresariales con establecimiento permanente y a las empresas asociadas, de ahí que se modifique el artículo relativo a la autoridad competente para reconocer la competencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en caso de que el objeto de los procedimientos amistosos sea este.

Las modificaciones introducidas por este real decreto en el título II del Reglamento, relativo al procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble imposición aplicables en España para eliminar las imposiciones no acordes con los convenios, buscan, en primer lugar, adaptarse a las disposiciones de la citada Directiva (UE) 2017/1852 con objeto de lograr homogeneizar, en la medida de lo posible, los distintos procedimientos amistosos regulados en el Reglamento de manera que se facilite su aplicación. En este sentido se modifica el contenido mínimo que debe incluir la solicitud de inicio, así como los documentos que deberán acompañarla y el acuse de recibo de la misma al solicitante, los plazos establecidos para la realización y contestación de los requerimientos de subsanación y mejora y el plazo para considerar admitida la solicitud de inicio de manera tácita.

Por su parte, en cumplimiento del compromiso asumido por España en el estándar mínimo establecido en el apartado 1.2 del Informe final de la Acción 14 del Proyecto «BEPS», se suprime el supuesto de denegación previsto en el artículo 8.2.d) del Reglamento en su redacción previa a la entrada en vigor de este real decreto, de acuerdo con el cual se podía denegar motivadamente el inicio de un procedimiento amistoso cuando se tuviera constancia de que la actuación del obligado tributario trataba de evitar una tributación en algunos de los Estados afectados. No obstante, debe tenerse en cuenta que tanto en el Informe de la fase 1, como en el de la fase 2 del proceso de revisión inter pares de los procedimientos amistosos relativo a España, se hacía constar que desde el 1 de enero de 2016 las autoridades competentes españolas no han denegado el inicio de un procedimiento amistoso con base en la aplicación de cláusulas antiabuso.

Tal y como se ha indicado, el real decreto pretende actualizar el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa a los estándares internacionales más allá de los que constituyen un compromiso político asumido por España como el indicado en el párrafo anterior. A tal efecto se introduce la obligación de comunicar a las autoridades competentes de los demás Estados afectados por el procedimiento amistoso la recepción de la solicitud de inicio en el plazo de cuatro semanas contado a partir de la fecha en que esta haya tenido entrada en el registro de la autoridad competente establecida en el Reglamento.

También, dada la práctica internacional observada desde la entrada en vigor del Real Decreto 1794/2008, se suprime la referencia al no devengo de intereses de demora por el tiempo de tramitación del procedimiento amistoso.

Finalmente, a este respecto, la especificación de que el acuerdo entre las autoridades competentes no sentará precedente tiene una función meramente aclaratoria.

Por otra parte, se introducen determinadas modificaciones derivadas de la experiencia adquirida por las autoridades competentes en materia de procedimientos amistosos desde la aprobación del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa.

A su vez, se reformula la terminación mediante acuerdo de los procedimientos amistosos.

Con finalidad aclaratoria y para garantizar la seguridad jurídica, se introduce la posibilidad de rechazar por el obligado tributario el acuerdo alcanzado entre las autoridades competentes de forma tácita. Asimismo, también con finalidad aclaratoria, se establece la posibilidad de formular requerimientos de subsanación y mejora cuando el procedimiento haya sido iniciado ante las autoridades competentes del otro Estado con base en la obligación establecida en el artículo 3 del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa.

El título III no experimenta grandes modificaciones más allá de las derivadas de las remisiones realizadas a los artículos del título II del Reglamento. No obstante, conviene destacar la actualización de las penas y sanciones que impiden la tramitación del procedimiento previsto en dicho título.

Como se ha indicado, se introduce un nuevo título IV para la transposición de la Directiva (UE) 2017/1852.

La Directiva 2017/1852 establece un marco procedimental para la resolución de litigios fiscales entre los Estados miembros, siempre que dichos litigios surjan de la aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio, es decir, los tratados fiscales bilaterales y el Convenio 90/436/CEE de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas.

Aunque el marco procedimental descrito en la Directiva 2017/1852 presenta ciertas novedades con respecto al existente en nuestro Derecho interno, no es del todo original. El Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, en su redacción previa a la entrada en vigor de este real decreto, ya recogía la posibilidad de acudir a una comisión consultiva en relación con las controversias suscitadas entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de precios de transferencia y atribución de beneficios a los establecimientos permanentes, así como, cuando así lo estableciese el convenio para evitar la doble imposición aplicable. Como novedad frente a lo anterior, se amplía el tipo de supuestos en los que se puede acudir a la citada comisión consultiva estableciéndose también para la resolución de otras cuestiones, distintas de las anteriores. Por otra parte, se introduce como novedad la posibilidad de acudir a una comisión consultiva para la admisión o inadmisión de inicio del procedimiento.

Este título desarrolla las funciones del Tribunal Económico-Administrativo Central relativas a la constitución y funcionamiento de la comisión consultiva.

También, se regula en este título la posibilidad de que la autoridad competente en materia de procedimientos amistosos convenga con las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados la constitución de una comisión de resolución alternativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2017/1852.

Por otra parte, se establece, en la disposición transitoria única, que los mecanismos de resolución regulados en el título IV, solo serán aplicables a las solicitudes de inicio de dichos mecanismos que se hayan presentado a partir del 1 de julio de 2019 respecto de cuestiones que se refieran a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a dicha fecha. Se recoge la posibilidad en estos procedimientos de acordar, con los otros Estados miembros afectados, la inclusión de rentas obtenidas en ejercicios fiscales anteriores al 1 de enero de 2018.

(……)”

B). Modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales. Es esto lo que se dice en el preámbulo del Real Decreto respecto de la materia de referencia:

“II

La disposición final primera modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales en relación con las nuevas marcas fiscales que deben amparar la circulación de las bebidas derivadas.

En concreto, al objeto de dotar de mayor libertad a los operadores en sus operaciones de embotellado, se suprime la obligación de colocar las marcas fiscales en el cuello de la botella de la respectiva bebida derivada, pudiéndose colocar las nuevas marcas fiscales en cualquier lugar visible de los recipientes o envases.

También se permite que la inutilización de las marcas fiscales adheridas a los envases de bebidas derivadas, obligatoria para las bebidas que van a abandonar el ámbito territorial interno, se pueda realizar, además de por el procedimiento habitual, mediante la baja de los códigos de seguridad incluidos en dichas marcas fiscales.

Finalmente, se suprime la obligación consistente en solicitar a partir del 1 de enero de 2022 a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la activación de los códigos de seguridad de cada marca fiscal a la ultimación del régimen suspensivo, puesto que dichos datos van a ser incorporados a la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

(……)”

C). modificación del Reglamento General de las Actuaciones y de los Procedimientos ……. Es esto lo que se dice en el preámbulo del Real Decreto respecto de la materia de referencia:

“(……)

II

(……)

La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para que la obligación de información relativa a valores negociados incorpore la información sobre el valor nominal de los valores para dar una mayor calidad en la información derivada de la nueva herramienta de asistencia al contribuyente implementada por la Administración tributaria a partir de 2018, como es la «Cartera de Valores» del contribuyente.

(……)”

  1. D) Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento de los Impuestos Especiales. Es esto lo que se dice en el preámbulo del Real Decreto respecto de la materia de referencia:

“(……)

II

(……)

La disposición final tercera modifica el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, para dotar de seguridad jurídica al sector respecto del retraso de la entrada en vigor de los nuevos requisitos requeridos para los procedimientos de ventas en ruta y para determinados avituallamientos de carburantes a embarcaciones y aeronaves, inicialmente obligatorio a partir del 1 de julio de 2019, hasta el 1 de octubre de 2019 para facilitar la adaptación a las nuevas exigencias a los operadores.

(……)”