Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Resolución de referencia:

“El artículo 3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece que la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo del Estado y de sus Organismos Autónomos, sean tributarios o no los recursos de naturaleza pública de que se trate, se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria).

La Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Dirección General de Recaudación, por la que se dictan normas para la recaudación ejecutiva de los derechos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado que deban nutrir su propio Presupuesto de Ingresos, ha sido la norma reguladora de la incorporación de las referidas deudas a las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria para el inicio de su recaudación ejecutiva, si bien el transcurso del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías hacen necesaria la aprobación de esta nueva resolución que ponga al día la regulación de esta materia.

Así, la incorporación al Sistema Integrado de Recaudación de las deudas de las que son titulares los Organismos Autónomos para su gestión recaudatoria ejecutiva por los órganos del área de recaudación ha de contemplarse de acuerdo con los criterios que el desarrollo de este tipo de actuaciones viene exigiendo. Singularmente, es preciso prever el sistema de cargo centralizado de las deudas, en oposición al cargo a efectuar en las Delegaciones, entonces de Hacienda, a las que se refería la Resolución de 30 de noviembre de 1988. Dicho cargo centralizado de deudas es el modo por el que, con carácter general, se incorporan al Sistema Integrado de Recaudación las liquidaciones procedentes de otros órganos y organismos de las distintas Administraciones Públicas para su gestión recaudatoria ejecutiva por parte de la Agencia Tributaria.

Adicionalmente se regulan diferentes cuestiones que pueden suscitarse como consecuencia de la recaudación ejecutiva por parte de un organismo –Agencia Tributaria– distinto a aquel que dicta la liquidación originaria –Organismo Autónomo–, previéndose, en la medida de lo posible, las vías de solución de las incidencias que dicha gestión pueda ocasionar.

(……)”