Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Resolución:

El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, Reino Unido) se retiró de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

No obstante y de conformidad con los artículos 126 y 127 del Acuerdo de Retirada, el Derecho de la Unión se siguió aplicando en el Reino Unido durante un período transitorio que finalizó el 31 de diciembre de 2020; por tanto, desde el día 1 de enero de 2021 el Reino Unido no es Estado miembro a efectos de la aplicación del sistema común del impuesto sobre el valor añadido en el ámbito de la Unión Europea, con la salvedad del territorio de Irlanda del Norte por las circunstancias especiales que constan en el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, contenido en el Acuerdo de Retirada, que implica que el territorio de Irlanda del Norte formará parte de la Unión Europea en lo relativo a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes.

La no consideración del Reino Unido como Estado miembro de la Unión Europea, salvo el territorio de Irlanda del Norte en lo relativo a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes, tiene consecuencias en diversos ámbitos de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC) y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (en adelante, AIEM), concretamente en los siguientes:

– Devolución en el régimen de viajeros, regulado, respecto al IGIC, en el artículo 11.2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, Ley 20/1991), y desarrollado en el artículo 14.2.2º.A) del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dicta normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio (en adelante, Real Decreto 2538/1994) y en el artículo 11 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por el Decreto 268/2011, de 4 de agosto (en adelante, Reglamento de gestión); y, respecto al AIEM, en el artículo 84 de la Ley 20/1991 y los artículos 11 y 66 del Reglamento de gestión.

– Exención a la importación definitiva de bienes personales por traslado de residencia habitual, con ocasión de un matrimonio, por causa de muerte y para amueblar la residencia habitual o secundaria, regulado, respecto al IGIC, en el artículo 14.3.1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 20/1991 y desarrollado por el artículo 20.1, 2, 3 y 4 del Real Decreto 2538/1994; y, respecto al AIEM, en el artículo 73.1 de la Ley 20/1991.

– Reglas de localización de las prestaciones de servicios, reguladas en el artículo 17 de la Ley 20/1991.

– Devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito territorial de aplicación del IGIC, regulada en el artículo 48 de la Ley 20/1991, en los artículos 87, 88 y 89 del Real Decreto 2538/1994 y en el artículo 13 del Reglamento de gestión.

Especial mención merece la incidencia de la retirada del Reino Unido respecto a la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito territorial de aplicación del IGIC. En efecto, como requisito para el ejercicio del derecho a la devolución, el artículo 48.2.1º de la Ley 20/1991 exige respecto a los empresarios o profesionales no establecidos en la Unión Europea, como es el supuesto de los empresarios o profesionales establecidos en el Reino Unido, la existencia de reciprocidad en favor de los empresarios o profesionales establecidos en España.

El último párrafo del artículo 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulador del régimen especial de devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en la Unión, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, dispone que el reconocimiento de la existencia de reciprocidad se efectuará por resolución del Director General de Tributos estatal. Aunque se trate de una norma relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, resulta plenamente trasladable al IGIC por la identidad de regulación.

En la Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (BOE de 5 de enero), se señala:

«(…) es necesario comparar la regulación concreta contenida en la legislación del Reino Unido sobre devolución del Impuesto a los empresarios o profesionales no establecidos en ese territorio, excluido el territorio de Irlanda del Norte solo en lo relativo a las operaciones sobre bienes, adaptando las devoluciones autorizadas por la Administración tributaria española a las reconocidas por el Reino Unido, a cuyo efecto se ha recabado la información proporcionada por la Administración tributaria del Reino Unido a través de su página web.

En este sentido, esta Dirección General ha obtenido la siguiente información:

1º. Con carácter general, las condiciones en las que se produce la devolución de las cuotas soportadas en el territorio del Reino Unido por los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto en España son equivalentes a las recogidas por la Ley 37/1992 para la devolución de las cuotas del Impuesto soportadas o satisfechas por empresarios o profesionales establecidos en el territorio del Reino Unido.

2º. No obstante, a partir de la información suministrada por las autoridades del Reino Unido, se han constatado las siguientes diferencias: en el territorio del Reino Unido no se procederá a la devolución de las cuotas soportadas o satisfechas:

a) Por bienes y servicios adquiridos que no se afecten a la actividad empresarial o profesional.

b) Por bienes y servicios que se destinen a la reventa.

c) Por bienes y servicios que se refieran a espectáculos o servicios de carácter recreativo.

d) Por la adquisición de un vehículo automóvil.

e) Del 50 por ciento del IVA soportado, por el alquiler o el arrendamiento financiero de un vehículo automóvil.»

Dada la exigencia de reciprocidad, no procedería la devolución de las cuotas del IGIC o la carga impositiva implícita soportadas en los términos y condiciones que se mencionan en la Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos.

Fuera de los tributos integrantes del Régimen Económico Fiscal de Canarias, debemos detenernos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD). En efecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12) expresó que no cabía introducir diferencias, en el trato fiscal dispensado a las donaciones y sucesiones, entre los causahabientes y los donatarios residentes en España y los no residentes; entre los causantes residentes en España y los no residentes, y entre las donaciones y disposiciones similares de bienes inmuebles situados dentro y fuera de España.

Consecuencia de esta jurisprudencia, se aprobó la Disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, Ley 29/1987), que excluía de su aplicación a los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

De lo dispuesto expresamente en la mencionada Disposición adicional segunda se desprendería que si el ISD se devenga desde el día 1 de enero de 2021 y los contribuyentes son residentes en el Reino Unido, incluida Irlanda del Norte, no tendrían derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha dictado, entre otras, las Sentencias 242/2018, de 19 de febrero de 2018, 488/2018, de 21 de marzo de 2018 y 492/2018, de 22 de marzo de 2018, procedentes de recursos interpuestos por ciudadanos residentes en países terceros no pertenecientes ni a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, y ha determinado que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, los efectos de la citada Sentencia de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), resultan aplicables a los residentes en países no pertenecientes a la Unión. Por tanto, lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 29/1987 resultará aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan o no en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

La Dirección General de Tributos estatal ha sentado doctrina administrativa en varias consultas en los mismos términos expresados anteriormente; por todas ellas, la V3062-19 de 30 de octubre. La doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos en esta materia vincula a la Administración tributaria gestora del ISD.

La Administración está obligada a prestar la debida información y asistencia para facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones que derivan de la normativa tributaria, amén de dotar de seguridad jurídica a la actuación tanto de los obligados tributarios como de los órganos integrantes de la Administración tributaria.

Por todo ello, se considera adecuado dictar la presente Resolución.”