Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Resolución respecto de la materia que la norma regula:

“El plan de control tributario se elabora de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando dispone que “la Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen”.

La finalidad del Plan General de Control Tributario es la organización, planificación y coordinación de las tareas y actividades que deben desarrollar los distintos órganos y departamentos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura que realizan las funciones de Gestión, Recaudación, comprobación de Valores e Inspección referidas al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

A estos efectos, resulta relevante la aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Esta ley ha incorporado al ordenamiento interno el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de las prácticas de la elusión fiscal, y ha introducido cambios dirigidos a reforzar el control tributario. Una de las finalidades de la norma es provocar un fuerte impulso del cumplimiento voluntario y, en consonancia, de las bases imponibles fiscales y de los ingresos tributarios.

 Esta tarea de aplicación efectiva del sistema tributario no se limita a las actuaciones de lucha contra el fraude o control del cumplimiento tributario, sino que incluye las actuaciones de información y asistencia al contribuyente, con el objeto de facilitar al máximo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. De hecho, se pretende prestar una adecuada y efectiva asistencia al contribuyente, con especial refuerzo del acceso a la administración electrónica, para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la reducción de las cargas formales y los costes indirectos en los que debe incurrir el obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.

Este plan, que sigue la misma línea establecida en ejercicios anteriores, está integrado por los planes parciales de cada una de las áreas que tienen asociadas funciones de control de las obligaciones tributarias y que son: Inspección, Valoraciones, Gestión Tributaria y Recaudación.

Estas directrices siguen la misma estructura que el Plan de Objetivos anual que está diseñando la Dirección General de Tributos y que giran en torno a cinco grandes pilares:

— Información y asistencia.

— Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.

 — La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario.

— El control del fraude en fase recaudatoria.

— La colaboración entre la Administración tributaria autonómica y la Agencia Tributaria.

Estos planes se complementan y se apoyan con las correspondientes aplicaciones informáticas. La Dirección General de Tributos está comprometida activamente en la consecución del objetivo de la Administración tributaria extremeña para convertir la sede electrónica en la opción preferente de comunicación con los obligados tributarios en periodo voluntario lo que permitirá reducir los costes, destinando, en consecuencia, esos recursos que ahora se emplean en la atención personal, a la lucha contra el fraude. Además, el perfeccionamiento y ampliación de las aplicaciones informáticas permitirá automatizar determinadas tareas que ahora se realizan manualmente, de manera que se producirá una mejora en la comprobación y control de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Durante el ejercicio de 2022 se avanzará en las actuaciones ya iniciadas en los ejercicios anteriores para dar cumplimiento a las previsiones normativas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relacionadas con el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y con la tramitación electrónica de expedientes.

Así pues, se mejorará la accesibilidad y la transparencia de la aplicación de los tributos y de los servicios de información y asistencia a la ciudadanía.

 En esta resolución se da publicidad a los criterios que informan el Plan de Control Tributario para 2022 y mantendrán su vigencia hasta la aprobación de unas nuevas directrices.”