Es esto lo que se dice en el preámbulo de la Resolución respecto de la materia que dicha norma regula:

 

“La Agencia Tributaria de Galicia, desde su entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2013, tiene encomendadas las funciones aplicativas de los tributos, como instrumento al servicio de los intereses de la Comunidad Autónoma de Galicia para la aplicación efectiva de los recursos a su cargo.

La Agencia Tributaria de Galicia persigue los siguientes objetivos:

– Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante acciones de concienciación y sensibilización, prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente y cualquier otra que, de modo directo o indirecto, vaya encaminada a tal objetivo.

– Garantizar que las actuaciones administrativas que desarrolle en ejercicio de sus funciones minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

– Garantizar que se cumpla el principio constitucional en virtud del cual todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante actuaciones de control y de colaboración con otras administraciones públicas dirigidas a la detección y regularización de los incumplimientos tributarios.

El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (en adelante, LGT), establece la obligación de elaborar anualmente un plan de control tributario, con carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad, a través del Diario Oficial de Galicia, de los criterios generales que lo informan.

A su vez, el artículo 170 del Real decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, señala que en el Plan de control tributario se integrarán el plan o los planes parciales de inspección, los cuales tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad o comunicación.

El objetivo del Plan de control tributario se centra en la lucha contra el fraude fiscal, con fundamento en los principios de justicia, generalidad, igualdad y capacidad económica, establecidos por el artículo 31 de la Constitución española como criterios de contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, no basta con configurar las normas de los distintos tributos de acuerdo con los principios constitucionales citados, sino que dichos principios tienen que cumplirse en la práctica con una correcta aplicación de las distintas figuras tributarias.

Esa aplicación efectiva del sistema tributario requiere que, junto a las actuaciones de lucha contra el fraude o control del cumplimiento tributario, se impulsen actuaciones de información y asistencia al contribuyente, especialmente destinadas a hacer más sencillo y ágil el acceso a la administración electrónica, con el objeto de favorecer al máximo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la reducción de las cargas formales y los costes indirectos en los que debe incurrir el contribuyente en sus relaciones con la Administración tributaria. También entre las actuaciones de información y asistencia se continuará en la línea de potenciar la colaboración con otras administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.

De esta forma, el Plan de control tributario se convierte en un instrumento fundamental para conseguir una efectiva aplicación de los principios expuestos, ya que marca las líneas de actuación de la Administración tributaria, teniendo en cuenta la disponibilidad de medios materiales y personales para realizar estas funciones.

El Estatuto de la Agencia Tributaria de Galicia, aprobado por el Decreto 202/2012, de 18 de octubre, establece en el artículo 16.2.j) que corresponde a la Dirección de la Agencia aprobar el Plan de control tributario anual. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones, se procede a la publicación de los criterios y las líneas de actuación que lo informan.”