Estamos ante un supuesto en el que una empresa de telefonía móvil litiga con un Ayuntamiento a causa de la aplicación de la tasa del 1,5% por los servicios de telefonía fija y de acceso a internet que también presta. Una vez establecido que la empresa presta dichos servicios a través de instalaciones de su titularidad, el objeto del pleito queda circunscrito, en esencia, a dos cuestiones: 1ª. Si la exacción de la tasa en cuestión se opone al ordenamiento comunitario; 2ª. En caso negativo, si el régimen de cuantificación de la tasa (el 1,5% de la facturación) se opone al ordenamiento comunitario.

La STJUE que se reseña trae causa inmediata del recurso de casación 1636/2017, interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 514/2016, de 15 de noviembre de 2016 (apelación 122/2016), admitido a trámite dicho recurso de casación por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017, planteando este como cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia “(……) si las limitaciones que derivan de la Directiva autorización para la potestad de los Estados miembros en orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet. Como se ve, en el litigio no está en juego tanto la interpretación del artículo 24.1.c) TRLHL como la de la Directiva autorización y el alcance de la jurisprudencia del TJUE sobre la misma”.

Tramitado el recurso de casación, la Sección Segunda de la misma Sala del Tribunal Supremo, por Auto de 12 de julio de 2018, suspendió el plazo para dictar sentencia y dispuso plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

“Primero. Si la Directiva 2002/20/CE (LCEur 2002, 1039) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas («Directiva autorización»), interpretada por el TJUE en relación con empresas que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, y, específicamente, las limitaciones que la misma contempla en sus artículos 12 y 13 al ejercicio de la potestad tributaria de los Estados miembros, resulta de aplicación a las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija e internet.

Segundo. En el caso de que la cuestión anterior fuese respondida afirmativamente (y se declarara la aplicación de aquella Directiva a las prestadoras de servicios de telefonía fija e internet), si los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE (LCEur 2002, 1039) permiten a los Estados miembros imponer una tasa o canon cuantificados exclusivamente en atención a los ingresos brutos obtenidos anualmente por la empresa -propietaria de los recursos instalados- con ocasión de la prestación del servicio de telefonía fija e internet en el territorio correspondiente .”

Por medio de la Sentencia que se reseña, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado las siguientes respuestas a las referidas cuestiones prejudiciales:

*En el punto 31 de la STJUE, se ha dado la siguiente respuesta a la primera de las cuestiones planteadas: “Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet.

*En el punto 53 de la STJUE, se ha dado la siguiente respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas: “En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate”.

Ahora, corresponde al Tribunal Supremo resolver el recurso de casación con fundamento en la doctrina sentada por el TJUE.