“Procedimiento prejudicial— Impuesto sobre el valor añadido (IVA)— Directiva 2006/112/CE— Actividad económica— Prestaciones de servicios realizadas a título oneroso— Artículos 2, apartado 1, letra c), y 9, apartado 1— Exenciones— Artículo 132, apartado 1, letra g)— Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social— Prestaciones realizadas por un abogado en el marco de mandatos de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente — Organismo al que se reconozca su carácter social”

En el ámbito de un litigio entre un abogado y la Administración tributaria de Luxemburgo, el Tribunal de Distrito de Luxemburgo planteó al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Debe interpretarse el concepto de actividades económicas recogido en el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva [del IVA] en el sentido de que incluye o de que excluye las prestaciones de servicios realizadas en el marco de una relación triangular en la que una entidad distinta del destinatario de los servicios encomienda estos al prestador de servicios?

2) ¿Cambia la respuesta a la primera cuestión en caso de que los servicios se presten en el marco de una actuación que ha sido encomendada por una autoridad judicial independiente?

3) ¿Cambia la respuesta a la primera cuestión en función de que la remuneración del prestador de servicios corra a cargo del destinatario de los servicios o a cargo del Estado al que pertenece la entidad que ha encomendado dichos servicios al prestador?

4) ¿Debe interpretarse el concepto de actividades económicas recogido en el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva [del IVA] en el sentido de que incluye o de que excluye las prestaciones de servicios en las que la remuneración del prestador de servicios no es legalmente obligatoria y su importe, en caso de que se asigne tal remuneración, […] responde a una evaluación individual de cada caso, […] depende siempre de la situación económica del destinatario de los servicios y […] hace referencia bien a una cantidad a tanto alzado, bien a una parte proporcional de los ingresos del destinatario de los servicios, bien a los servicios prestados?

5) ¿Debe interpretarse el concepto de “prestaciones de servicios y […] entregas de bienes directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social”, contemplado en el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva [del IVA], en el sentido de que incluye o de que excluye los servicios prestados en el marco de un régimen de protección de personas mayores de edad establecido por ley y sometido al control de una autoridad judicial independiente?

6) ¿Debe interpretarse el concepto de “organismos a los que [se] reconozca su carácter social”, contemplado en el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva [del IVA], en el sentido de que, a efectos del reconocimiento del carácter social del organismo, exige determinados requisitos respecto a la forma de explotación del prestador de servicios o respecto al fin altruista o lucrativo de su actividad o, con carácter más general, limita mediante otros criterios o requisitos el ámbito de aplicación de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra g), o bien debe interpretarse en el sentido de que basta la mera realización de prestaciones “relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social” para conferir carácter social al organismo de que se trate?

7) ¿Debe interpretarse el concepto de “organismos a los que el Estado miembro de que se trate reconozca su carácter social”, contemplado en el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva [del IVA], en el sentido de que exige un proceso de reconocimiento basado en un procedimiento y unos criterios predeterminados, o el reconocimiento ad hoc puede otorgarse individualmente, en su caso por una autoridad judicial?

8) ¿Permite el principio de [protección de la] confianza legítima, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia […], que la Administración responsable de la recaudación del IVA exija a un sujeto pasivo el pago del IVA correspondiente a operaciones económicas referidas a un período anterior al momento en que la Administración adoptó la decisión de tributación, después de que esa Administración aceptara, durante un tiempo prolongado previo a dicho período, las declaraciones del IVA presentadas por el sujeto pasivo, que no incluían las operaciones económicas de esa misma naturaleza entre las operaciones gravadas? ¿Está sujeta esta facultad de la Administración responsable de la recaudación del IVA a determinados requisitos?”

La Sentencia (punto 55) da la siguiente respuesta a las cuatro primeras cuestiones prejudiciales planteadas: “A la vista de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que constituyen actividades económicas, a efectos de esa disposición, las prestaciones de servicios realizadas en beneficio de personas mayores de edad incapacitadas legalmente y orientadas a protegerlas en los actos de la vida civil, cuya realización se confía al prestador de servicios por una autoridad judicial en virtud de la ley y cuya remuneración se fija por la misma autoridad mediante una cantidad a tanto alzado o sobre la base de una apreciación caso por caso teniendo en cuenta en particular la situación económica de la persona incapacitada, remuneración que puede además ser asumida por el Estado en caso de indigencia de la persona incapacitada, cuando tales prestaciones se efectúan a título oneroso, el prestador de servicios obtiene ingresos continuados en el tiempo por dichas prestaciones y la cuantía global de la compensación por dicha actividad se determina conforme a criterios destinados a garantizar la cobertura de los gastos de funcionamiento del mencionado prestador de servicios”.

Más adelante, la Sentencia (punto 88) da la siguiente respuesta a las cuestiones quinta a séptima: “Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta a séptima que el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido, por un lado, de que constituyen «prestaciones de servicios directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social» los servicios prestados en beneficio de personas mayores de edad incapacitadas legalmente y cuyo objetivo es protegerlas en los actos de la vida civil y, por otro lado, de que no se excluye que un abogado que preste tales servicios de carácter social pueda disfrutar, a efectos de la actividad que desarrolla y dentro de los límites de esas prestaciones, del reconocimiento como organismo de carácter social, si bien dicho reconocimiento solo deberá concederse obligatoriamente mediante la intervención de una autoridad judicial cuando el Estado miembro de que se trate, al negar dicho reconocimiento, haya excedido los límites de la facultad de apreciación de la que dispone a este respecto”.

Por último, la Sentencia (punto 94) da la siguiente respuesta a la octava de las cuestiones planteadas: “Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la octava cuestión prejudicial que el principio de protección de la confianza legítima no se opone a que la Administración tributaria someta al IVA determinadas operaciones relativas a un período anterior en una situación en la que la mencionada Administración ha aceptado durante varios años las declaraciones de IVA del sujeto pasivo en las que no se incluían las operaciones de esa naturaleza como operaciones gravadas y en la que el sujeto pasivo se encuentra ante la imposibilidad de recuperar el IVA devengado de quienes han remunerado dichas operaciones, debiendo considerarse que las remuneraciones pagadas incluían ya el referido IVA”.